En seguridad pública, el uso de la fuerza debe entenderse como una facultad regulada, gradual y proporcional. No se trata únicamente de dotar a las corporaciones de equipo, sino de asegurar que cada herramienta responda a una necesidad operativa, jurídica y de protección de derechos humanos.
Dentro de este contexto se encuentran las llamadas armas menos letales. Aunque comúnmente se les conoce como “armas no letales”, lo técnicamente correcto es hablar de medios menos letales, porque cualquier instrumento de fuerza puede generar lesiones graves o incluso consecuencias fatales si se utiliza de forma incorrecta, excesiva o fuera de protocolo.
Normatividad
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza contempla este tipo de instrumentos bajo la categoría de armas incapacitantes menos letales. Entre ellas se encuentran el bastón PR-24, tolete o equivalente; los dispositivos que generan descargas eléctricas; las esposas o candados de mano; las sustancias irritantes en aerosol, y las mangueras de agua a presión.
Su importancia radica en que permiten a los cuerpos policiales contar con alternativas intermedias entre la presencia policial, la persuasión verbal, la reducción física de movimientos y el uso de armas letales. Es decir, ayudan a que la respuesta institucional sea gradual y proporcional al nivel de resistencia o agresión que se enfrenta.
Importancia
Una corporación que no cuenta con medios menos letales puede quedar limitada a dos extremos: la intervención física directa o el uso de fuerza letal. Esto aumenta riesgos tanto para la ciudadanía como para el propio elemento policial. Por el contrario, cuando existen herramientas adecuadas, capacitación y protocolos claros, se amplía la capacidad de intervención con menor riesgo de daño irreversible.
Sin embargo, su adquisición no debe verse como una simple compra de equipo. Cada herramienta requiere capacitación, certificación, reglas de uso, mantenimiento, bitácoras, control de inventario y supervisión. Un dispositivo de descarga eléctrica, un aerosol irritante o un bastón policial mal utilizado pueden convertirse en un problema operativo, jurídico y mediático para la institución.
Consideraciones
Por eso, las armas menos letales deben integrarse dentro de una política institucional de uso de la fuerza. Esto implica definir en qué casos pueden utilizarse, quién puede portarlas, cómo se reporta su uso, qué medidas médicas deben aplicarse después de su empleo y cómo se evalúa si la actuación fue legal, necesaria, racional y proporcional.
También debe considerarse que el equipo por sí solo no garantiza mejores resultados. La verdadera diferencia está en la capacitación del personal, la claridad de los protocolos y la capacidad de la institución para documentar cada intervención. En seguridad pública, no basta con actuar: también hay que poder justificar técnica y jurídicamente la actuación.
En JIVOC entendemos que las armas menos letales no son una moda ni una compra aislada. Son parte de una estrategia integral para profesionalizar el uso de la fuerza, proteger a la ciudadanía, cuidar al personal operativo y reducir riesgos institucionales.
Acompañamos a las instituciones en el diagnóstico, selección, justificación técnica y construcción de lineamientos para que la adquisición de estos instrumentos responda a necesidades reales, cumpla con la normatividad aplicable y fortalezca la operación policial.
Porque en seguridad pública, el uso de la fuerza no debe improvisarse: debe planearse, capacitarse, documentarse y supervisarse.
